Cooperar

Acompañamiento al cooperativismo eléctrico cordobés

La Confederación Cooperativa expresó su respaldo a las federaciones que movilizaron desde el Interior hasta la Capital de la Provincia, en reclamo de la baja en el costo de la energía eléctrica, la revisión de la quita de subsidios y una tarifa social igualitaria y automática para todos los usuarios.

Una multitudinaria caravana de más de 700 móviles y 2000 dirigentes, empleados y usuarios de las cooperativas cordobesas para reclamar al Gobierno provincial acciones en materia de energía eléctrica recibió el respaldo de Cooperar, que consideró a estas empresas como una “herramienta de las comunidades para garantizar la provisión de este servicio estratégico a partir del trabajo solidario y la gestión democrática”.

Las federaciones Fecescor y Face Córdoba, asociadas a la Confederación, movilizaron el jueves 22 de marzo a sus cooperativas hacia la capital provincial bajo la consigna Basta de años de discriminación, queremos igual acceso a la energía y al mismo precio. La marcha tuvo como objetivo visibilizar la situación social generada por los incrementos en la energía eléctrica.

En suma, las cooperativas reclamaron a la Empresa Provincial EPEC por un cuadro tarifario que reconozca la función social de este tipo de entidades; apuntaron a la disconformidad con la eliminación de los subsidios aplicada por el gobierno nacional; y pidieron comprar la energía al mismo costo que lo hace la EPEC, para que el Interior pueda tener una tarifa similar a la Capital provincial.

“El aumento de la energía mayorista está golpeando muy fuerte a nuestros socios en todo el país. Se está generando una situación de irritación social y falta de pago sumado a que el Ersep nos obliga, a partir de Río Tercero, a retrotraer aumentos que nos ha autorizado. Estamos en una situación complicada”, señaló el presidente de Fecescor, Luis Castillo. En esta provincia, 205 cooperativas son las responsables de proveer energía al 30% de los habitantes del 70% del territorio.

Para la Confederación, el Estado debe acompañar este esfuerzo comunitario, facilitando la inclusión social y territorial de cada localidad y evitando todo tipo de discriminación que ponga en riesgo las condiciones necesarias para un desarrollo integral y equilibrado.

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