Cooperar

Aportes a la sesión 2.4: Reforcemos nuestra identidad cooperativa cumpliendo las necesidades de capital futuras

Desde Cooperar, Confederación Cooperativa de la República Argentina, opinamos que no es posible garantizar el Desarrollo Sostenible de nuestras comunidades, como bien propone el séptimo principio, sino garantizamos que el ahorro de nuestras comunidades se canalice hacia el desarrollo sostenible. Reestructurar el sistema financiero, para ponerlo al servicio del Desarrollo Sostenible, es uno de los grandes desafíos globales que enfrentamos como humanidad.

Para poder actuar eficazmente en este terreno es necesario tener un adecuado diagnóstico sobre las deficiencias del sistema financiero global y su arquitectura. Las cooperativas realizan ingentes y sostenidos esfuerzos para acceder a financiamiento, pero en muchas oportunidades el problema no está en la gestión cooperativa sino en las falencias del sistema financiero.

Como expresa Ariel Guarco, en su libro Principios Cooperativos en Acción, en el capítulo “Sin democracia financiera no hay inclusión ni desarrollo sostenible”:

“La economía real está subordinada a los intereses del capital financiero. Esto se evidencia en pequeñas y medianas empresas sin acceso al crédito, familias sobreendeudadas, bancos que desatienden la producción y se especializan en el tráfico de activos financieros de carácter especulativo, Estados condicionados por su deuda externa, calificadoras de riesgo que continúan direccionando flujos financieros pese a su demostrada incapacidad para anticipar las crisis y empresas controladas por fondos financieros globales sin compromiso con el desarrollo del territorio donde están insertas. Son todas facetas de un mismo y complejo fenómeno que algunos han llamado la financiarización de la economía. La rentabilidad del capital se disocia de los circuitos locales de producción y consumo para sostenerse en la apropiación de la renta financiera.

Este problema global, que jaquea familias, empresas y naciones, requiere respuestas en tres niveles diferentes:

  • Discutir la arquitectura global del sistema financiero para que las naciones recuperen hoy el control que está en manos del capital financiero globalizado.
  • Lograr regulaciones en cada espacio nacional que recuperen el carácter de servicio del sistema financiero, garantizando su subordinación a los objetivos de desarrollo sostenible.
  • Fortalecer a la sociedad civil de cada localidad para que pueda reconstruir el vínculo entre el ahorro y la inversión local como fundamento de una economía equilibrada e inclusiva.

Las cooperativas son las únicas empresas que por trayectoria y escala pueden impulsar esta agenda en los tres niveles”.

Una agenda cooperativa frente al sistema financiero global

Desde Cooperar siempre hemos abogado por la necesidad de que el movimiento cooperativo, por su compromiso con el desarrollo sostenible de sus comunidades, debe abogar por un sistema financiero comprometido con el desarrollo sostenible de sus comunidades. Seguramente en ello influenció la experiencia de la economía argentina, duramente golpeada por ciclos de endeudamiento de carácter especulativo, al servicio de la valorización financiera y la fuga de capitales.

En nuestra región, contamos con un antecedente importante. La Declaración Final de la V Cumbre Cooperativa de las Américas, desarrollada en Buenos Aires, en 2018, propuso “Impulsar y acompañar desde la Alianza Cooperativa Internacional iniciativas para modificar las normas e instituciones del sistema financiero internacional desde la perspectiva de los principios y valores cooperativos, procurando reducir la vulnerabilidad de la economía real frente a los movimientos especulativos de las finanzas internacionales, aumentar la autonomía de los Estados Nacionales para impulsar el desarrollo sostenible, democratizar la gobernanza de los organismos internacionales, discutir el papel de las calificadoras de riesgo y regular el movimiento de capitales especulativos para mejorar las condiciones de previsibilidad, entre otros objetivos”.

En dicha línea conceptual, entendemos que el movimiento cooperativo global debe procurar realizar su aporte a una agenda de transformación del sistema financiero internacional. No alcanza con trabajar en el territorio, si no se logran reglas de juego que vuelvan a vincular el circuito financiero con el circuito de producción.

La libre circulación de capitales especulativos, las reglas de juego para el refinanciamiento de las deudas soberanas, los paraísos fiscales, son todos problemas globales que hay que resolver para defender nuestro trabajo a nivel territorial. Y todo ello debe ser hecho en el marco de los acuerdos internacionales, que están para ser cumplidos. Por ejemplo, la Agenda de Acción de Addis Adeba, donde, entre otros aspectos importantes, la ONU acordó trabajar para la eliminación de los paraísos fiscales, y la Resolución 69/319, de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde se establecieron los principios básicos para la reestructuración de las deudas soberanas.

Reestructurar el sistema financiero, para ponerlo al servicio del Desarrollo Sostenible, es uno de los grandes desafíos globales que enfrentamos como humanidad. Desde el movimiento cooperativo debemos contribuir a este desafío, en el marco de lo acordado en los organismos internacionales, y con un fuerte diálogo con los gobiernos nacionales.

Democratización del sistema financiero

En el marco del dicho diálogo, debemos enfatizar la fortaleza de nuestros modelos de cooperativas de ahorro y crédito, de cajas, de bancos cooperativos, para democratizar el sistema financiero.

La organización de los usuarios de los servicios financieros en cooperativas y otras entidades de la economía social y solidaria es la llave para un programa de democratización del sistema financiero, donde los simples ciudadanos recuperemos la soberanía sobre nuestros ahorros, y podamos orientar su aplicación en el sentido de las necesidades y aspiraciones de cada comunidad local.

En dicho sentido, han sido muy valiosos los aportes en la Sesión de Ibrahima Keïta, Director General de Kafo Jiginew (Mali), y de Sylvia Okilay-Paraguya, Directora General de NATCCO (Filipinas). Ambas organizaciones son buenos ejemplos del impacto positivo del modelo cooperativo para mejorar las condiciones de financiamiento de sus respectivas comunidades, a partir del ahorro, de la capitalización y de la articulación con distintas organizaciones internacionales y banco multilaterales de desarrollo.

Gran parte de los esfuerzos de los miembros de la ACI deberían orientarse al mejorar sus modelos de ahorro y crédito cooperativo a la luz de toda la experiencia internacional, incluyendo la valiosa experiencia canadiense de Dejardins, que también estuvo presente en la sesión a través de su moderador.

Esta tarea debe complementarse con un trabajo orientado a mejorar el marco regulatorio y las políticas públicas de financiamiento, en dos sentidos.

En primer lugar, el reconocimiento del aporte específico del cooperativismo de ahorro y crédito a la democratización del sistema financiero, tal como ya ha sido expresado. Esto requiere regulaciones que reconozcan su naturaleza específica, y políticas que lo promocionen como herramientas para que las comunidades recuperen la soberanía sobre sus ahorros.

En segundo lugar, la necesaria priorización que debe realizarse al financiamiento de aquellas empresas cuya gobernanza en compatible con el triple objetivo del desarrollo sostenible: económico, social y ambiental.

Esto fue claramente señalado en la Sesión por David Venegas, Director General de Café Perú, una empresa integrada por cooperativas cafetaleras de dicho país, cuando señaló que, al momento de evaluar el financiamiento sus cooperativas, debe evaluarse su aporte en términos de desarrollo local, en términos de viabilidad del productor agropecuario, y en término de fortalecimiento de la producción agropecuaria como alternativa a la producción de cocaína.

Es decir, si se quiere desarrollo sostenible, el financiamiento debe orientarse hacia las empresas que así lo garanticen; que por su gobernanza pueden garantizar una adecuada articulación del impacto social, ambiental y económico.

Esto está en línea con lo que planteó la ACI, a través de su presidente, en la Conferencia Conjunta ACI – OIT “Cooperativas y el futuro del trabajo”, de junio de 2019: “Señor Director General: si no resolvemos el problema del financiamiento, no vamos a poder incrementar la inversión en trabajo decente y sostenible. Por ello proponemos que la OIT promueva que los fondos públicos dirigidos al financiamiento de proyectos de cuidados, de desarrollo rural, de servicios públicos sostenibles, entre otros, y de todas aquellas actividades y áreas sensibles en términos de creación de trabajo decente y sostenible prioricen a las empresas que por su gobernanza garanticen su ajuste con el programa centrado a las personas. Con el mismo objetivo, creemos que en el marco de la OIT debemos debatir y promover regulaciones del sistema financiero que orienten el financiamiento hacia proyectos que respondan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular a la creación de trabajo decente”.

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